Interior

Comunidades indígenas rechazan la creación del Parque Nacional Aconquija

La Asamblea General de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca y Tucumán, rechazan la implementación de la ley de creación del Parque Nacional Aconquija.

Según argumentan, “se trata de una ley violatoria en su letra y en su espíritu, a los derechos de los pueblos originarios, desconociendo preceptos fundamentales como el del libre ‘consentimiento, previo e informado’ consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el Convenio de la Diversidad Biológica, la Declaración Universal de los derechos de los Pueblos Indígenas – donde el Estado Argentino es parte por haberle otorgado jerarquía constitucional-; y , en el ámbito interno, la Constitución nacional, provincial y otras legislaciones concordantes”, dice el documento elaborado por las autoridades de las comunidades indígenas de Catamarca y Tucumán, en Tafí del Valle.”

“El proyecto de Ley está viciado de nulidad absoluta en su construcción legislativa, por cuanto no contiene en sus vistos y considerandos la necesaria referencia a la legislación nacional y supranacional citada anteriormente como parte sustancial que avale su sanción”, agrega y sentencia: “el proyecto de ley es claramente inconstitucional e inconvencional atendiendo a los fundamentos vertidos con antelación”, explican.

Además, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita asegura que nunca fueron consultados y desconocen “toda aseveración e información qué instituciones nacionales y/o regionales del Estado puedan haber brindado en relación a cualquier tipo de consenso respecto a este proyecto”.

En este sentido, expresan su rotundo repudio a las potestades que se le está dando al organismo Parques Nacionales para definir actuaciones e intervenir en “nuestros territorios ancestrales en flagrante contradicción con las con las leyes y tratados vigentes”.

Por último, manifiestan que “rechazamos, desconocemos y repudiamos cualquier tipo de licencia comunitaria, social y/o aval que unilateralmente celebre una Comunidad Indígena u Organización No-Gubernamental, sea con el Estado o con Empresas multinacionales o de cualquier orden, que promuevan y/o faciliten el extractivismo de los recursos naturales y culturales asociados al ambiente, en desmedro de la integridad ecológica, social y cultural de nuestros pueblos y territorios ancestrales y actuales, incluyendo dentro de este concepto a las obras de infraestructura de dichos proyectos”.

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