El saber popular lo define

El imaginario popular perfectamente describe situaciones en las que una persona o una entidad es inútil en su misión. Generalmente el ridículo hace referencia a este estar estéril e improductivo: “al vicio como bocina de avión”, “al vicio como cenicero de moto”, “al vicio como burlete ‘e tranquera”, “al vicio como guardabarros de lancha”, “al vicio como paraguas de buzo”, “al vicio como timbre de nicho”. Y así miles de dichos describen la presencia infructífera de esa persona o esa institución.
El Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones fue creado mediante Ley 4836 en época del menemismo en la Nación y el castillismo en Catamarca, cuando la fiebre privatizadora de los `90 arrasaba con todas las joyas de la abuela.
Entre sus funciones (aún vigentes mientras no se derogue esa ley), el ENRE debe velar en representación del Estado provincial, por el cumplimiento por parte de las empresas privadas de las obligaciones fijadas en los contratos de concesión de los servicios públicos. De esa manera, el organismo autárquico -pero con fuerte tufillo a conchabo partidario- tiene la tarea de controlar -todavía- a Aguas del Valle, la empresa de capitales españoles que hace años proveía del servicio de agua y cloacas al Valle Central, y a la empresa Edecat que manejaba el servicio de distribución de energía eléctrica en toda la provincia.
Específicamente, dentro del trabajo de control y fiscalización que le competen por ley, el ENRE debe hacer que las privadas cumplan las leyes de servicios públicos, los reglamentos y los contratos de concesión, controlando además los índices de calidad técnica y el cumplimiento de los cuadros tarifarios y aplicando las sanciones cuando corresponda.
Además, debe actuar como árbitro -supuestamente imparcial- en las controversias suscitadas entre los usuarios y las empresas privadas. Lo puede hacer porque ejerce en los papeles la representación del Estado catamarqueño en esas disputas. De esa forma, durante años el ENRE fue el pañuelo -a veces ineficaz- donde miles de usuarios acudían a llorar sus penas porque un golpe de corriente había quemado sus aparatos electrónicos, y Edecat no daba respuestas.
Asimismo, el ENRE debe velar por el cumplimiento de las concesionadas en materia de medio ambiente. Es ese organismo el encargado de exigir que la empresa privada retire los transformadores que se refrigeraban con el cancerígeno PCB, y sin embargo fueron muchas veces los medios de comunicación quienes hicieron esas tareas.

Nueva realidad
Ahora bien. Los españoles se fueron y el estado tomó el control del servicio de agua. Se rescindió el contrato con Edecat y también la provincia se hizo cargo de las operaciones.
Sendas empresas estatales, es decir de todos los catamarqueños administran esos servicios básicos, por lo tanto el ENRE se queda sin misión.
Porque proteger a los usuarios, aprobar los regímenes tarifarios, garantizar la operación de los servicios, alentar nuevas inversiones, proteger la igualdad de oportunidades para todos los usuarios y promover la expansión del servicio en toda la provincia en un marco de equidad, mientras se asegura la protección del medio ambiente, es una función exclusivamente del Estado provincial, y ya la está ejerciendo a través de diversos organismos. Es decir, el ENRE está al vicio como…
Insisto, ya no hay empresas privadas a quien controlar. No existe más Edecat ni Aguas del Valle ni ninguna otra concesión.
Por eso, el proyecto que impulsa el diputado justicialista Jorge Moreno de disolver este organismo no es otra cosa que puro sentido común.
No podemos los catamarqueños seguir sosteniendo un organismo que tiene un presupuesto de casi 2 millones de pesos anuales para que no haga nada. No es lógico que el Estado tenga ministerios, secretarías y subsecretarías dedicadas específicamente a los servicios públicos, al ambiente y a la defensa al consumidor, y que de modo paralelo haya que seguir pagando abultados sueldos a políticos que en la práctica ya no tienen qué hacer porque quedaron sin funciones. En otras palabras, están al vicio.
Estaría bien, si prospera la iniciativa legislativa y razonablemente se deja de gastar en algo inservible para la sociedad, que la treintena de empleados sea reubicada en las áreas adecuadas a su aptitud, como el ministerio de Servicios Públicos, la secretaría del Ambiente o la dirección de Comercio.
Los diputados y los senadores deben evitar caer en la trampa discursiva propuesta por un avezado miembro del directorio del ENRE, que intenta instalar que se trata de una jugada del oficialismo en el marco de la pelea de las últimas semanas. El dirigente, que está próximo a cumplir 30 años seguidos en la función pública, dice que solamente será removido con juicio político. La discusión que propone el doctor Augusto “Mocho” Acuña no es esa. Sencillamente estamos hablando de un organismo que no tiene razón de ser y, por lo tanto, debería ser disuelto. Así de claro, así de sencillo como los dichos populares.