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La Corte ratificó revés judicial contra el Gobierno por las medidas anti crisis de Macri

La Corte Suprema de Justicia ratificó el revés judicial al Gobierno nacional en la causa iniciada por las provincias contra las medidas anti crisis que dictó Mauricio Macri por decreto, luego de la derrota electoral en las PASO de agosto último.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el máximo tribunal desestimó un “pedido de aclaraciones” presentado por los abogados del Estado nacional respecto de las medidas cautelares dictadas en octubre pasado. La desestimación fue firmada por los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la nueva mayoría automática con perfil peronista.

Semanas atrás, luego de conocer el revés judicial, el ministro de Justicia y DDHH, Germán Garavano, había adelantado que exigirían que la Corte defina los alcances de la medida en favor de los gobernadores.

CIH reveló que los jueces supremos habían ordenado que los efectos fiscales de la aplicación de los Decretos 561/2019 y 567/2019 sean asumidos con recursos propios de la Nación sin afectar la coparticipación que corresponde a Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. Las normas eliminaban el IVA y redujeron el Impuesto a las Ganancias.

Para desestimar el pedido de aclaratoria, la Corte remarcó en primer término que la presentación del Estado nacional no explicaba cuál era la “complejidad técnica” y las supuestas “dificultades” para cumplir con las medidas dictadas por los magistrados.

Pero además, agregó que el Poder Ejecutivo debió haber cuantificado los costos de las reducciones que dispuso y tenido en cuenta sus efectos al momento de establecerlas por decreto.

Asimismo, recordó que, como se afirma en la propia presentación del Gobierno, es el presidente Mauricio Macri, como jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país, quien cuenta con los elementos y potestades tendientes a cumplir de forma efectiva lo resuelto por el Tribunal.

Finalmente, destacó que su decisión no limitaba el diálogo institucional que el Estado Nacional y las provincias considerasen adecuado establecer como órganos superiores de nuestra organización constitucional.

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