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Rechazan beneficio carcelario para nueve represores argentinos

Un tribunal le negó hoy a nueve represores de la última dictadura militar argentina (1976-1983) obtener el beneficio de una reducción en las penas recibidas en su momento por delitos de lesa humanidad, informaron fuentes judiciales.

La Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires rechazó el pedido de los abogados de los ex militares, que plantearon como antecedente un fallo dictado meses atrás por la Corte Suprema de Justicia del país.

El 3 de mayo, tres de los cinco jueces que integran el máximo tribunal de Justicia argentino dictaminaron a favor de un represor condenado por genocidio, al aplicarle una ley conocida como "dos por uno", que cuenta doble la cantidad de días en la cárcel que un acusado pasó en prisión sin una sentencia firme.

La medida motivó que cientos de miles de argentinos salieran a las calles del país para repudiar el beneficio dictado por la mayoría de la Corte Suprema y exigir la renuncia de los magistrados.

Los abogados de los represores Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Ernesto Weber, Juan Carlos Fotea, Carlos Capdevila y Juan Azic esgrimieron el dictamen de la Corte Suprema en beneficio de sus clientes.

Sin embargo, los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal opinaron que el compromiso asumido por el Estado argentino de sancionar adecuadamente las graves violaciones a los derechos humanos es "irrenunciable", destacó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Los ex militares, según la Justicia, participaron en secuestros, torturas, homicidios y desapariciones de opositores que estuvieron detenidos en forma clandestina en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde, según diferentes testimonios, fueron asesinadas al menos 5.000 personas.

Algunos de los represores, entre ellos Astiz, tomaron parte en la desaparición de ciudadanos europeos en Argentina, como por ejemplo las religiosas católicas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

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