Opinión

Graves irregularidades en la AFIP de Catamarca

Editorial 

Editorial

Graves irregularidades en la AFIP de Catamarca

Como si se tratara de un cuento de ensueños, un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la ciudad Capital, evade impuestos nacionales y provinciales, y no eso, también incumple con sus deberes de funcionario, toda vez que violenta normas especificas del propio organismo.

Es justo reconocer que el nervio motor de cualquier Estado que se precie de organizado, requiere de una precisa administración de la recaudación, toda vez que de esa vital función que ya tiene diez siglos de historia, también se atribuía a los señores feudales en la Edad Media y los reyes del absolutismo en la edad moderna, quienes lo hacían con precisión. Ahora lo hacen estos organismos encargados de dotar de recursos a los gobernantes, para que éstos, con sus justas políticas breguen por el bienestar general de la población, aunque ya se sabe…

Al fin y al cabo, para eso fueron elegidos, a dedo y con similares métodos, tal como ocurría en la Edad Media entre los familiares de la “clase dirigente” o el linaje de los reyes o más adelante en  la historia, en las casas reales del absolutismo de la Edad Moderna. Lo cierto es que quienes recaudan impuestos en general son los parientes de quienes nos gobiernan. Es una vieja tradición de muchos siglos y de iguales prácticas. Siempre fue así, el recaudador no paga impuesto parece ser el principio, pero es un disparate. Los principales privilegiados del sistema son los gobernantes, los jueces, antes, los reyes; los legisladores, en otras épocas, los señores feudales o y ahora también y como si fueran pocos “parió la abuela”, se agrega la figura del agente fiscales.

Resulta que la AFIP o Rentas tienen una notable agilidad y recursos para detectar a aquellos contribuyentes que no pueden afrontar sus obligaciones. Y en el punto es necesario diferenciar bien quién es quién. Una cosa son los contribuyentes morosos y otra muy distinta son los evasores, ya que estos últimos literalmente son delincuentes que a sabiendas de tener que cumplir sus obligaciones tributarias, las evaden. Y también es oportuno diferenciar a los evasores en dos grupos, los evasores privados y los evasores públicos.

Sin lugar a dudas que el Código Penal Argentino castiga con penas más severas a los evasores públicos, porque la pena seguramente será con agravante por la calificación del cargo de quién comete el delito.

Digamos las cosas por su nombre. La agencia de recaudación local obviamente no es la evasora, sino que uno de su integrantes desprestigia a todos con su ilegal accionar, en tanto que los mecanimos internos de detección de irregularidades deberían ser optimizados. Ello es así porque cuando los hechos de corrupción no se denuncian las sospechas recaen sobre todos, y más todavía cuando existen antecedentes del mismo agente.

La responsabilidad siempre es por acción y por omisión. Según la opinión de muchos contribuyentes, que prefieren reservar su identidad, es un vieja práctica, que no por vieja haya dejado de ser delito o incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Más adelante, se explica la metodología utilizada para que los representantes –profesionales del derecho- del Estado Nacional, evadan el pago de impuestos nacionales y provinciales.

En el medio existe otro delito, cuya penas no deberían ser excarcelables por la gravedad que conllevan en su accionar.

En el punto es importante que el lector se acerque a una conceptualización del crimen que el legislador a denominado extorsión. Y nada mejor que citar a la Dra. Mónica Viviana Breglia Arias, especialista en Derecho Penal. “El Código Penal reprime con prisión de 5 a 10 años  al que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.” Con ésta cita resulta suficiente para que se comprenda la gravedad del hecho que a continuación se detalla.

Una muy conocida empresa de Catamarca, debido a sus enormes dificultades financieras producto de no poder cobrar sus créditos al Estado, provincial como Nacional, no pudo afrontar sus obligaciones tributarias en tiempo forma. La consecuencia fue el embargo casi automático de su cuenta corriente bancaria, que es el corazón de la empresa. El siguiente embargo que habitualmente se produce en estos casos es el del apoderado fiscal, quien lleva adelante la ejecución para que el Fisco Nacional, su representado perciba los impuestos debidos.

La empresa, que naturalmente “desea” sobrevivir, se acoge a algún plan, paga un anticipo y pide el  levantamiento del embargo, lo cual se produce en la generalidad de los casos en forma casi inmediata. Pero, aun hay otro embargo por levantar. Es el correspondiente al de los honorarios profesionales del abogado, apoderado fiscal y en esa instancia representante del Fisco Nacional. Concurre el personal al estudio a efectos de acordar el pago debido, se propone también un plan de pagos y acto seguido se le acercan los cheques para cancelar los honorarios. Cuando el agente fiscal observa la confección de los mismos manifiesta su disconformidad y dice no estar de acuerdo con que los cheques estén cruzados y a la orden, pues lo obliga a la bancarización y a pagar el 1,2 % del impuesto del cheque y no sólo eso, el letrado manifiesta al personal de la empresa que esa situación lo pone en la obligación de abonar el 3 % de sus ingresos al Fisco provincial en concepto de retención sobre los ingresos brutos. 

El agente fiscal rechaza el cheque cruzado, para evitar el depósito y poder cobrar por ventanilla. De ese modo evade el pago del impuesto a los débitos, las retenciones y percepciones de ganancias y la retención sobre los Ingresos Brutos. La empresa quiere pagar bien, razón por la cual necesita que el depósito se haga en cuenta del apoderado fiscal embargante o en una cuenta vinculada a su actividad. El agente fiscal exige un “cheque complementario” para cubrir “sus costos impositivos”; La empresa urgida por el levantamiento del embargo sufre la extorsión y hace entrega del “cheque complementario” cuyo monto desagregado es la sumatoria del 1,2 % del impuesto al Debito bancario y el 3 % del Impuesto sobre los Ingresos Públicos

Un verdadero dislate con el agravante que no extiende factura electrónica ni de papel, solo un simple recibo hecho en computadora y emitido en el estudio del agente-apoderado fiscal.

Y aquí es donde aparece el delito de la extorsión. Un embargo trabado significa la inutilización de la cuenta corriente bancaria, el rechazo de cheques y todos los peligros financieros que en cascada se producen, sumamente perniciosos para el normal desarrollo de la actividad empresaria, entre los cuales también aparece la imposibilidad de pagar a los proveedores o a los empleados, etc..

“ Y la Dra. Breglia Arias agrega “El delito (extorisión) lo que persigue es una disposición patrimonial ilícita. O sea dar cosas, dinero, documentos valiosos, puede ser una casa ocupada, o sea todo lo que tiene un valor económico, que significa “plata”. Se ataca a la propiedad a la que se llega atacando primero a la libertad de la otra persona. Por lo tanto se trata de un delito pluriofensivo.

Dijo el famoso jurista Molinario, que la característica principal del delito (de extorsión) es la situación dilemática en la que se coloca a la víctima (la empresa). En este dilema existe la amenaza de un “mal” (embargo de la cuenta corriente)  a los efectos de obtener un provecho (cheque complementario para evadir obligaciones que le son propias).

Mientras los ladrones de guante blanco cometen sus tropelías, la empresa se acerca a una situación de quiebre, consecuencia de un Estado apropiador, que asfixia con sus incumplimientos y somete con estos impresentables lacayos del dinero mal habido.

El Ministerio Público Fiscal, del fuero Federal, tiene la palabra y la obligación (de oficio) para empezar a poner las cosas en orden. Los delitos son variados y los autores también. Existen pruebas, documentos, cheques, testigos y otras medidas que prueban el accionar delictivo.

 

 

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