Columnistas | Panorama JudicialDomingo, 11 Mayo, 2014 - 02:10

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Detenerte para “averiguar qué hacés” es inconstitucional

 
Dr. Juan F. Tapia Juez de Garantías de Mar de Plata (Buenos Aires). Docente Facultad de Derecho (Universidad Nacional Mar del Plata) Miembro de la Asociacion Pensamiento Penal.

Hace algunos unos días, los medios catamarqueños informaron la detención de 64 personas para “averiguar qué hacen”. Las aprehensiones fueron ejecutadas en distintos procedimientos públicos por más de medio centenar de efectivos policiales.
 
Las autoridades de esta fuerza de seguridad explicaron que los arrestos se realizaron en el marco de la facultad que tienen los uniformados de privar a personas de su libertad por un plazo no superior a las 24 horas, si al momento de ser consultadas carecen de documento de identidad.

A esa potestad de la Policía se la conoce en Chaco como “AA”, Averiguación de Actividades. Pero no es exclusiva de esta provincia. Aún existe y se practica en muchas otras. La modalidad es la misma, lo que cambia es la denominación: “Averiguación de antecedentes”, “Averiguación de identidad” o simplemente “Averiguación de actividades”.

En la década del '90, un caso paradigmático puso en jaque la vigencia de este dispositivo, cuando un joven menor de edad, que pretendía asistir a un recital de Los Redonditos de Ricota, en el estadio de Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, fue detenido en “Averiguación de antecedentes” en una razzia policial. Apareció muerto en la comisaría donde se encontraba alojado. El joven se llamaba Walter Bulacio y su caso generó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiera al Estado argentino la adecuación de su legislación nacional a los parámetros que establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En la actualidad, por diversas causas y acciones, la detención de personas para “averiguar qué hacen” pareciera estar en el camino de su derogación definitiva.

Desde el aspecto jurídico, una oleada de resoluciones judiciales en distintas partes del país ha declarado la inconstitucionalidad de estas prácticas. Por un lado, porque se viola el derecho a la libertad ambulatoria, que en modo alguno puede ser restringido por el Estado a quien ni siquiera está imputado de la comisión de un delito. Por otra parte, porque se vulnera el principio de inocencia al convertir a todos los ciudadanos en sospechosos de registrar pedidos de captura u órdenes de detención, habilitándose la conculcación de garantías constitucionales hasta tanto se demuestre lo contrario.

Finalmente, porque las detenciones se concretan al margen de todo dispositivo legal: sin atención médica, sin poder avisar a un familiar o abogado los motivos de la privación de libertad y sin control de un juez durante las horas en que dura el encierro, lo que habilita la multiplicidad de abusos policiales durante ese lapso.

Desde el plano de la seguridad relacionada con el control del delito, la facultad de detener en “Averiguación de actividades” no tiene ninguna utilidad práctica para prevenir hechos delictivos. No solo se interviene restringiendo derechos a quien no han hecho nada prohibido, sino que se asigna a la policía funciones meramente administrativas, como conocer la identidad o las actividades laborales de las personas. Esa acción desvía a los efectivos de las funciones operativas relacionadas con la prevención de ilícitos: se obstruye de esta manera la posibilidad de una actividad eficiente para la prevención de delitos y la aprehensión de posibles autores.

Desde el prisma administrativo vinculado con la identificación de personas, el Estado cuenta hoy con diversas herramientas para que, en fracción de segundos y en la vía pública, se puedan lograr estos objetivos. Mecanismos como el “Morpho Touch”, en poder de las policías provinciales desde hace años, o el más novedoso Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios), permiten eficientes y veloces formas de reconocer a un ciudadano, con mínimas afectaciones a sus derechos fundamentales y sin necesidad de ninguna aprehensión.

En consecuencia, la razón de ser de los dispositivos de “Averiguación de actividad”, “de Identidad” o “Antecedentes” es inexistente, salvo que se los piense y emplee como una forma de castigo sustituto a los mecanismos legales; una especie de sistema penal paralelo, que en la experiencia histórica del empleo abusivo de estas facultades policiales se transforma en un sistema penal subterráneo con multiplicidad de casos de torturas y desapariciones de personas.

Frente a ello, urge la necesidad de derogar definitivamente estos dispositivos inconstitucionales. Es una exigencia de este Estado de derecho y una deuda de la democracia con la memoria de jóvenes como Walter Bulacio.

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