Que la crisis es generalizada, parecería ser una verdad de Perogrullo a esta altura de las circunstancias. Pero más allá de la obviedad, hay datos fríos y exactos que le dan un baño de realidad a esta remanida frase. Las provincias argentinas están sufriendo un golpe certero a sus finanzas, y esto trae serios dolores de cabeza a los gobernadores, que hacen malabares para pagar los sueldos, cumplir con proveedores y olvidarse en algunos casos de otros gastos e inversiones del Estado.
Así se pudo saber, por ejemplo, que Mendoza gestiona ante Nación un salvataje extraordinario, y mientras tomó medidas extraordinarias: congeló sueldos, horas extras, postergó licitaciones y compras; que Córdoba más allá de la pelea judicial que tiene con el Gobierno central por la deuda de la Caja de Jubilaciones, evalúa un aumento de impuestos para 2010; que Corrientes ya anunció que no pagará el medio aguinaldo en diciembre; que Santa Fe retrasó 4 meses el pago a proveedores y de certificados de obra pública, porque los números al gobernador socialista Hermes Binner no le cierran por ningún lado; y que Buenos Aires, gobernada por el ultrakirchnerista Daniel Scioli necesita financiamiento por 10.600 millones de pesos en los primeros meses del próximo año, a lo que se suma la emisión de letras por 2.500 millones de pesos y bonos por 850 millones para pagar a  proveedores.
En definitiva, y en conjunto, las provincias argentinas tendrán para este año un déficit de unos 12.000 millones de pesos, del cual el 70 por ciento corresponde tan sólo a cuatro distritos: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal.  Mientras, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados la prórroga por dos años de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que les imponía un corsé a las provincias en gastos y deuda. En realidad, con esta medida de flexibilización de los límites y parámetros que hasta ahora venían conteniendo a las administraciones federales, la Nación lo único que hace es blanquear las realidades locales y permitirle a cada gobierno que salga a buscar financiamiento de dónde sea: a endeudarse para poder financiarse.

La detractora
Más allá de los cuestionamientos que puedan caer sobre cada gobernador en particular, por el manejo que hacen de la cosa pública en su jurisdicción, del uso político que le puedan dar a los recursos, máxime en un año electoral, estudios de consultoras privadas demuestran cómo en los últimos años la Nación fue apropiándose del dinero que les corresponde a las provincias argentinas.
Un informe de la consultora Economía y Regiones revela claramente que en 2009, el conjunto de las administraciones provinciales recibirán el 24,8 % del total que recaude el Gobierno central, contra el 30,1 % que se destinaba en 2002. Es decir que, de haberse mantenido ese mismo porcentaje, este año las provincias habrían tenido un ingreso de fondos nacionales de  $ 90.675 millones, contra los $ 74.552 millones que percibirán finalizado el ejercicio. Pero los números también demuestran otra cosa: la diferencia, los $ 16.123 que se detrae Nación,  "hubieran alcanzado para que todos los distritos tuvieran superávit fiscal". Para ser más precisos, no terminarían el año con el rojo de los 12.000 millones de pesos que se proyecta y que triplica el del año 2008, cuando alcanzó los 3.600 millones.
 Pero esto no queda ahí. La Nación sigue sumando "perlitas escandalosas". Cuando la presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner, anunció con bombos y platillos "el fútbol ¿gratis? para todos", nadie creyó que fuera así. La pregunta que saltó fue precisamente, de dónde saldría ese dinero. Ahora se supo que los fondos para el fútbol, los 600 millones que le cuesta al Estado nacional el contrato con la Asociación del Fútbol Argentino para la televisación de los partidos, lo pusieron las provincias. ¿Cómo?, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Hubo lisa y llanamente una redistribución de partidas por parte del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, facultado por la Ley de los Superpoderes para hacerlo.
Otro dato para la indignación, con ese Fondo para el Desarrollo Provincial se financia, entre otras cosas, el Programa de Asistencia Financiera, la herramienta con que cuentan las provincias para reprogramar su deuda pública, y que si recordamos tanto le costó a Catamarca poder ingresar.

¿Y por casa?

Ahora bien, hasta aquí datos de la realidad económica del país y de las demás provincias. La pregunta es, en este contexto, ¿Catamarca, dónde está parada?. La realidad no es ajena, pero comparativamente hablando, todavía no entró en el "lote rojo", es decir en el grupo de aquellos distritos con un pronunciado déficit fiscal. A diferencia de otras provincias, ésta mantuvo el pago regular de los sueldos, con retrasos de dos o tres días a lo sumo; mantuvo el pago de certificaciones de obras, al menos de las prioritarias para el Gobierno. Es cierto que desde hace un año no hay una recomposición salarial para el sector público, pero también es cierto que en setiembre de 2008, fijó para los trabajadores provinciales un salario mínimo de 1.621 pesos, para un cargo testigo en el Escalafón General: Categoría 10, sin Título y con una Antigüedad promedio de 6 años. Es decir, un salario superior a los 1.500 pesos, fijados por Nación para el Mínimo, Vital y Móvil.

Luciana Díaz Frers, directora de Política Fiscal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, lo expresó claramente, al hacer un análisis de las situaciones locales: las provincias deben soportar sobre sus finanzas el enorme peso de los salarios, que desde los ‘90 deben pagar todos los sueldos del personal de educación, salud, seguridad y Justicia.

Es decir, la imposibilidad de afrontar una recomposición salarial no es exclusiva de Catamarca. Ninguna administración federal está en condiciones de hacerlo si no recibe dinero cantante y sonante de la Nación. Tan es así, que el economista Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social, predijo para el conjunto de las provincias: "si la Nación no las asiste, van a volver a los bonos o cuasi monedas para financiarse".

En el medio de este panorama y del diagnóstico general, en Catamarca continuamos soportando el conflicto docente: paro por tiempo indeterminado, piquetes por doquier; padres que piden a gritos que sus hijos vuelvan a la escuela; y la indignación de saber que en una localidad del Oeste catamarqueño, los chicos fueron a clases ¡tan solo 26 días! Con esto, no se pretende quitar legitimidad al reclamo gremial, a su derecho a peticionar ante las autoridades, a su derecho a huelga, a reclamar por su salario. Lo que sí es cuestionable es el "sentido de la oportunidad" que los dirigentes gremiales tienen de la protesta. Y a este punto, lo sintetizaron sencilla pero contundentemente los padres de Fiambalá, en el acta que rubricaron para reclamar por el derecho a la Educación de sus hijos: "Señores docentes, esta crisis económica nos aqueja a todos, no sólo a ustedes, que sin embargo superan (en salario) a todos los empleados públicos de otros organismos y de la municipalidad. Entonces, ¿cómo vive el resto de la comunidad sin parar a diario en sus actividades?".