Natalia Bulacios y María Varela, abogadas asesoras de Fiscalía de Estado, radicaron ayer una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y contra la Administración Pública en Feria contra supuestos punteros políticos.
De acuerdo con la acusación, a la cual tuvo acceso LA UNION, Fiscalía de Estado tomó conocimiento de denuncias formuladas por ciudadanos beneficiarios de planes provinciales de empleo entre 2009 y 2011, quienes percibían una suma de dinero como contraprestación de diversas tareas o capacitaciones, radicadas ante la dirección de Trabajo y posteriormente giradas al mencionado organismo.
“Los denunciantes manifiestan que luego de la percepción del beneficio económico, eran “visitados” por personas que, en su mayoría fueron individualizadas por quienes a la postre resultan ser las víctimas de estas maniobras, quienes bajo amenaza de cortarles el beneficio otorgado, les solicitaban la entrega de diversas sumas de dinero que, por el “estado de necesidad económica” en el que se encontraban, les eran entregados a estos verdaderos “intermediarios políticos”, quienes eran encargados de gestionar -en la práctica- la aplicación y otorgamiento de los programas de empleo y capacitación de la Provincia”, advierten las letradas de Fiscalía de Estado.
No obstante, las maniobras a las que eran sometidos los beneficiarios de los planes provinciales no terminaba con la entrega de una parte del dinero que percibían. Además, eran utilizados para la realización de diversas actividades, “las que se vinculaban a la “manipulación política”, traducida en la participación en cortes de ruta, reuniones y asambleas de reclamos y protestas, participación en actos partidarios, y hasta la prestación de tareas domésticas en los domicilios particulares de estos “inescrupulosos” de la política”.
Ante esta situación, las abogadas reprocharon en su acusación que estos “indignos personajes cobraban una suma de dinero a cambio de tramitar y gestionar la inclusión de ciudadanos que forman parte del núcleo social más vulnerable de nuestro pueblo, debido a las carencias y necesidades insatisfechas en el que se encuentran sumergidos”, al tiempo que solicitan que “estas espurias maniobras extorsivas queden al descubierto y, por sobre todo, individualizados sus crueles responsables”.
Asimismo, las letradas apuntan que por la cantidad de planes implementados en el nivel provincial, las sumas que manejaran estos punteros “pueden resultar de cuantía mensual insospechada”.
Finalmente, Bulacios y Varela adjuntaron a la presentación judicial los expedientes de denuncias que 57 beneficiarios de planes provinciales realizaron sobre distintas irregularidades en sus respectivos programas.