
Alertan de los perjuicios de la ley que se aprobó en Diputados de movilidad jubilatoria
La diputada nacional María Julia Acosta de Ahumada cuestionó el proyecto de movilidad jubilatoria, que obtuvo media sanción en la Cámara baja, y que podría convertirse en ley cuando el mes próximo sea tratado en el Senado Nacional.
Recordó que la Constitución establece que los haberes jubilatorios deben ser móviles, pero sin establecer el porcentaje de movilidad. En ese sentido, señaló que “en el año 1958, la Ley 14.499 estableció un régimen de movilidad automática, que se aplicó a todos los haberes jubilatorios de los ya jubilados y los que se jubilarán en el futuro”.
“Esa movilidad significaba que todos los haberes automáticamente se ajustaban de manera que el monto que cobraba un jubilado fuera equivalente al 82 % del sueldo de un trabajador que cumplió con igual función o categoría a la que tenía el jubilado”, explicó la legisladora a LA UNION, a la vez de aclarar que “por distintas razones que derivaron en la falta de autofinanciamiento el sistema colapsó”.
Para contextualizar su opinión, enfatizó que “luego de ese régimen no existió nunca más un régimen de movilidad de carácter general para los jubilados del sistema nacional. Sólo para algunos sectores y sin alcanzar el 82 % pleno, se dio por ejemplo a docentes, Luz y Fuerza y algunos otros”.
La legisladora kirchnerista detalló el alcance del actual proyecto de la oposición, que logró su aprobación en Diputados “que dicen aplicar el 82 %, cuando en realidad lejos están de cumplir ese objetivo”.
“Este proyecto primero establece un mecanismo de actualización del haber jubilatorio mínimo por única vez, el cual será un 82 % del salario mínimo, vital y móvil”, alertó. “Es decir que si fuera ley antes de diciembre el Haber Jubilatorio Mínimo sería de $ 1.426 mensuales, que es el 82 % del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que actualmente es $ 1.740”, añadió.
“Pero claro que de allí en adelante ya no se aplicará esa movilidad del 82 %, porque repito, es por única vez conforme con lo que se interpreta de la redacción sostenida por la oposición”, insistió.
“Increíblemente, el proyecto dice que se aplica para movilizar la jubilación mínima, o sea el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de sancionarse, es decir sobre $ 1.740”, criticó la diputada.
Con respecto a los jubilados superiores a la mínima, Acosta asegura que “la redacción se complica en un fárrago o confusión de procedimientos, clasificando a los jubilados según el año en el que se jubilaron y utilizando distintos índices, pero en ningún caso la relación es del 82 %, y menos equivalente a los salarios del jubilado cuando estaba en actividad, que eso sí sería hablar del 82 %”.
“De esta forma, según cada inexplicable período que utiliza el índice de salarios que calcula el Indec o el índice de salarios que calcula el ministerio de Trabajo, no resiste la más mínima explicación técnica, además de resultar de cumplimiento casi imposible por lo administrativamente dificultosa.
“Un pandemónium administrativo cuyos trámites pueden ser interminables, y con ajustes menores a los que son de aplicación con la actual Ley 26.417. Así, los ajustes resultantes se aplicarán en los meses de marzo y setiembre, tal como lo establece el régimen creado por la presidenta Cristina Kirchner, al que sólo se le modificaría la forma de ajustar los haberes”, especificó la legisladora, que seguidamente estimó que “entonces, en el caso de los haberes futuros y teniendo en cuenta los fuertes crecimientos de la recaudación que se utilizan en la ley actual (26.417 de Movilidad), hasta es probable que los ajustes que resulten del proyecto de la oposición sean menores que si aplicamos los índices que actualmente se usan en el régimen vigente”.
A modo de síntesis, destacó que las prestaciones mínimas eran $ 150 en el año 2003 y en la actualidad están en $ 1.046,50, que desde 2003 a la fecha el haber medio se incrementó un 294 %, y el haber mínimo en un 597,8 %, y que mediante el Plan de Inclusión Previsional se incorporó al sistema 1.6 millón de nuevos jubilados, cubriéndose el 87 % de la población en edad de jubilarse.
“Estos son los hechos que son parte del debate respecto de las mejoras para nuestros mayores. Cabe destacar que cuando no se dan a conocer todos los elementos que forman parte de propuestas que suponen ser beneficiosas, es porque se trata de discursos populistas, yo prefiero resultar menos simpática pero como decía Perón, priorizo contar la verdad sin artilugios”, concluyó.
Por: Redacción launiondigital.com.ar
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