El posible acuerdo entre Mendoza, la Nación y las provincias adheridas a la Promoción Industrial levantó muchas críticas entre los mendocinos. Sobre todo de los intendentes de aquellos departamentos que quedarían fuera del convenio. Pero, también, entre algunos favorecidos por la ampliación de este beneficio a siete departamentos de la provincia cuyana.
Durante el conflicto generado a partir del decreto de prórroga de la promoción, uno de los argumentos preferidos del gobernador mendocino, Celso Jaque era que se estaba discriminando algunas regiones del territorio nacional en detrimento de otras. En este sentido, y con mucho criterio, Jorge Difonso, intendente de San Carlos, criticó duramente al gobernador cuyano ya que “no puede predicar una cosa ante la Nación y hacer lo contrario con los departamentos; es una incoherencia”.
En el caso de Gustavo Pinto, intendente de La Paz, y pese a que sería uno de los alcanzados por el decreto, aseguró estar dispuesto a acompañar un planteo en una instancia judicial porque “más allá de que La Paz se vea beneficiada, no le sirve crecer en forma aislada”.
Uno de los reclamos más importantes que se le hacen a Jaque es que habra una instancia de diálogo y discusión. Así se entiende la molestia de los líderes del cobismo y el radicalismo, quienes ayer se pronunciaron en una conferencia de prensa: “No puede ser que no haya información oficial”, se quejaron. Mientras tanto, otros aclararon que la discusión de fondo es política y, por ello, la Legislatura debería actuar al respecto.
Las opciones que se barajan en la provincia cuyana son dar pelea en el ámbito político, en el judicial y otros también hablan de pedir un “resarcimiento”. En este momento, en Tunuyán ya están trabajando en el borrador de una acción de amparo que presentarían ante la Justicia “para frenar la aplicación del decreto y sentarse a una mesa a discutir”, adelantó el radical Eduardo Giner.

Los actores del conflicto
Dentro del grupo de once municipios que serían excluidos del beneficio impositivo, hay cinco comandados por el radicalismo/cobismo, dos por el Partido Demócrata y cuatro por el PJ. Los jefes comunales oficialistas, o más cercanos al Gobierno, hicieron silencio o se inclinaron por no confrontar. Sin embargo, tampoco defendieron a rajatabla el acuerdo y no descartan la idea de gestionar un resarcimiento.
Las comunas que serían incorporadas son cinco que limitan con las provincias promocionadas (Las Heras, Lavalle, La Paz, San Rafael y General Alvear), Santa Rosa y Malargüe, la tierra del Gobernador. Seis de ellas son administradas por el peronismo y sólo una por la oposición.

Protestas
El primero en poner el grito en el cielo fue el radical Eduardo Giner: “Si es verdad que será así, es alarmante, es una barbaridad y acarreará perjuicios económicos graves para los departamentos”.
En tanto, el cobista Mario Abed (Junín) fue más simple y contundente: “No me gasto tanto; solamente tomo el amparo que presentó Mendoza, le cambió la introducción de gobernador por intendente, y listo. Si ahí están todos los argumentos”.
Por su parte, el intendente opositor Gerardo Del Río (Rivadavia), también criticó duramente el supuesto arreglo: “Esto va a atentar, fundamentalmente contra el desarrollo armónico y regional de la provincia”.
Mientras tanto, el opositor Omar Parisi, consideró que “se traslada una situación injusta a la provincia”, por lo cual vería con buenos ojos acordar en una mesa de discusión política una compensación para reparar los perjuicios que ocasionaría a Luján, su departamento.