El libre acceso a la información pública es un derecho constitucional vinculado a la libertad de expresión, reconocido por varios tratados internacionales. Hoy sólo está regulado exclusivamente para el ámbito del Poder Ejecutivo, por un decreto dictado por Néstor Kirchner en 2003.
La última vez que el asunto se debatió en el Congreso fue en 2004. Dos años más tarde, el proyecto que había sido aprobado en la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. Fue después de que, a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado introdujo cambios inaceptables para los promotores de la idea original del proyecto.
El dictamen que se prepara en Diputados es fruto de varias reuniones que mantuvieron Graciela Camaño (Bloque Peronista) Laura Alonso (Pro), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Marcela Rodríguez (Coalición Cívica).
Los bloques mayoritarios de la oposición acordaron que la herramienta alcanzará, además de a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a los órganos creados por la Constitución, a empresas y sociedades del Estado, a asociaciones empresariales y sindicales que reciban fondos públicos, y a fideicomisos formados con recursos estatales.
Si la iniciativa se convirtiera en ley, las entidades obligadas deberán responder los pedidos que haga cualquier ciudadano a los 20 días hábiles.
La gran discusión que aún mantienen los diputados opositores gira alrededor de la autoridad de aplicación que tendría la ley. Gil Lavedra y Camaño tienen lista una propuesta que establece que cada poder tendrá su propia autoridad de aplicación, con funcionamiento autónomo.
La diputada kirchnerista Diana Conti ya decidió que presentará un dictamen de minoría. La gran diferencia con la iniciativa opositora es que establece que los pedidos al Estado no pueden ser anónimos.
En el Senado, donde se trabaja sobre la base de un dictamen de Samuel Cabanchik (Probafe), la autoridad de aplicación también divide opiniones. Al igual que el senador kirchnerista Nicolás Fernández y el vicepresidente Julio Cobos, Cabanchik recibió la visita de un grupo de ONG (entre ellas, la ADC y el CELS), que impulsa la campaña "Saber es un derecho. ¡Que ahora sea ley!". Todos se comprometieron a impulsar la iniciativa.
LATORRE VUELVE A AYUDAR AL GOBIERNO
El dictamen al proyecto de ley que consagra la portabilidad numérica para la telefonía fija y móvil está estancado por la negativa de la senadora Roxana Latorre (Santa Fe) a firmarlo. Así, la legisladora elegida como opositora, volvería a ser funcional al kirchnerismo, que no apoya el proyecto.
Fuente: La Nación