Lamentablemente, a la fiscal de Andalgalá, Martha Nieva, le ganó el espanto. Su actuación, lejos de restaurar el orden, pasó de la simple timidez al pánico manifiesto y público.
Presa del miedo, lo grave es que sus decisiones conllevan todo el tiempo la aparición de un fenómeno potencial de rebote. Si bien no se puede dejar de atender los reclamos de los vecinos, la proliferación e incontinencia de situaciones de riesgo pueden llevar sin duda a otro 15 de febrero.
¿Se puede hacer descansar la suerte de la provincia en las manos temblorosas de una funcionaria aterrorizada?
Nieva, visiblemente afectada, se encuentra dentro de un círculo de cognición errónea y hasta la información que eleva a sus superiores camina destinos retorcidos y distorsionados.
Lógicamente, el miedo es una emoción que paraliza, desorienta, genera conductas regresivas y somete, y en este sentido, la fiscal ha tenido hasta aquí solo una conducta adaptativa al ambientalismo extremo.
El problema es que las concesiones subsiguientes de la funcionaria judicial, ante la presión, no hacen más que incitar la reiteración de los hechos menos deseados, pero hasta aquí inevitables.
Dicho de otro modo, la fiscal de Andalgalá es parte del problema. En criollo: los antimineros le toman el pelo a la funcionaria judicial, porque hace rato que le torcieron el brazo.
Peor aún si Nieva piensa que puede esconder el pánico que le tienen a los ambientalistas, intentando justificar su inacción o su acción generalmente extemporánea que, tampoco es raro, teniendo en cuenta que el miedo nos aparta de la realidad y nos hace entrar en un mundo subjetivo.
Sin embargo, y mas allá de los logros y los últimos anuncios laborales en el departamento Andalgalá, es necesario entender que sin la necesaria y oportuna participación de la Justicia, la reconstitución del tejido social es imposible. La idea de eficiencia es más compleja.
De esta manera, para que la superación del conflicto sea efectiva, debe prevalecer en la opinión pública la sensación de que las autoridades judiciales, al menos, coinciden en lo elemental.
El derecho de peticionar no implica admitir la actitud sediciosa, consistente en asumir una supuesta representación del pueblo, signo manifiesto de una patología social.
El artículo 22 de la Constitución nacional reza: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y que peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.
Los sentimientos de impotencia, frustración, indignación, desesperación y desamparo social, son producto de la violencia de los hechos denunciados, acunados hoy en el regazo de la justicia por temor a que despierte la ira de la intolerancia.
Si se mantiene condiciones análogas (mientras se forjan algunas respuestas), y las decisiones las toman las mismas personas (como la temerosa e inoportuna fiscal) otro 15 de febrero es sólo una cuestión de tiempo.
En este sentido, la actuación de Nieva es casi apocalíptica. Una autocondena, pero llevándose consigo al resto de los mortales: “Si me hundo, nos hundimos todos”.
Perturbada por un riesgo real, indiscutible, pero no sincerado, la exposición es de por sí una situación traumática para la funcionaria.
La observación directa o indirecta del rostro aterrado de la fiscal hacia la comunidad, no es ni mas ni menos que la “sugestión” que el ambientalismo necesita para mejor comercializar el miedo, que tanto rédito le ha dado.
Es decir que en los intersticios de este fenómeno social (el ambientalismo extremo), funciona como método la inoculación del miedo y del sentimiento de inseguridad, inducidos por las palabras y las imágenes, y que se pronuncian en nombre de la defensa del medio ambiente.
Pero como nuestra vida es el producto de nuestros pensamientos, al pensar en cosas aterrorizantes no sólo comenzamos a sufrir las consecuencias físicas de tener miedo, sino que además, y para peor, atraemos aquello a lo cual tememos.
La “ley” debe representar la voluntad general y el orden.
¡Está en juego la paz social y el futuro de la provincia!