Diversas opiniones sostienen que lo que nos hace más vulnerables es la “sensación de inseguridad”. Y algunos con un sesgo político añaden que no es “inseguridad” lo que sentimos, sino esa rara percepción de que algo nos puede pasar. Sea como fuere, los asaltos, los arrebatos, los robos, los hurtos, las violaciones y todo tipo de violencia aumenta, si no, basta con leer los diarios o sentarse a ver televisión un rato y ahí se disiparán las dudas si es sólo “sensación” o realidad.
Durante los últimos días, se repitieron varios de esos hechos delictivos en todo el país, con los que -lamentablemente- nos estamos acostumbrando a vivir. De esos, la muerte del bebé Isidro (que apenas pudo sobrevivir unos pocos días desde que fue sacado del vientre de su madre, baleada en una salidera bancaria en la ciudad de La Plata), fue de los más conmocionantes.
Si tomamos este caso como paradigmático –podría ser citado cualquiera de los ocurridos en Catamarca, como el del agenciero de Villa Cubas, ultimado a balazos en un robo-, nos damos con situaciones que, pasadas las primeras horas de dolor, generan bronca. Mucha bronca con el sistema judicial argentino.
Uno de los detenidos, quien podría ser el autor del disparo en la boca de la mujer, es un “chico” de apenas 19 añitos, pero que desde antes de alcanzar la mayoría de edad ya se dedicada a robar a punta de pistola, pero como era menor, una y otra vez entraba y salía de los institutos de rehabilitación.
El otro dato tiene que ver que otro de los implicados ya había purgado penas por asaltos violentos, y a la luz de los acontecimientos, tampoco se rehabilitó.
Y si añadimos un tercer elemento, -sin ánimo de marcar tendencia- podemos apuntar que muchos de los delitos son cometidos por presos con salida laboral, tal como sería el caso de otro de los implicados en el caso de análisis, y que es perfectamente comparable con los más aberrantes hechos de nuestra Catamarca.
Debate antipático
Acá hay que detenerse y aclarar que esto no es una mirada jurista, sino una observación ciudadana y que ojalá lleve a un debate, por más antipático que parezca el posicionamiento.
Si bien no hay datos estadísticos certeros, se sabe que el porcentaje de reincidencia de alto, especialmente en delito de índole sexual, por eso en algunos cuerpos legislativos del país se impulsa vehementemente el registro de las “personas” que cometen este tipo de delito. En realidad, estas iniciativas esconden la falta de confianza en el sistema judicial argentino y los remedios para curar a estas “personas”.
Sin embargo, la Justicia transita caminos diferentes, y de eso hay varios antecedentes, uno por ejemplo es el Tribunal en lo Criminal Nº 1, de Necochea, que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 50 y 14 del Código Penal, en cuanto agravan la situación punitiva del condenado declarado “reincidente”.
Entre los fundamentos centrales, encontramos con estupor el grado de magnanimidad del marco jurídico de nuestro país: “la reincidencia resulta ser un instituto que abreva en el derecho penal de autor y que, como tal, colisiona con los principios basilares de nuestra Constitución … el reincidente demuestra con los hechos ser mas ‘vulnerable’ que otras personas al recaer en el delito y que, en función de esa debilidad, su situación debiera ser considerada con mayor benevolencia que la de aquel individuo que delinque por primera vez”.
Y en uno de los votos un camarista añade: “… por la vía de la aplicación del instituto de la reincidencia, principalmente se violenta el principio de culpabilidad, que constituye una garantía implícita consagrada en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. En efecto, considero que la valoración de los antecedentes penales del imputado, a los fines de agravar el monto de la pena a sufrir y el modo de su ejecución, resultan absolutamente extraños al tipo penal infringido (principio de legalidad y tipicidad) e, independientemente que tal consideración haya sido incluida por el legislador en el catálogo punitivo (en el Código Penal), existencia de una contradicción manifiesta con los principios generales del derecho, de la teoría del delito y de las garantías consagradas en la Constitución Nacional”.
Pero aguarde, hay más defensa a los derechos de los delincuentes al afirmar uno de los juristas que “constituye ‘un deber del Estado frente al condenado proporcionar los medios para evitar el deterioro y la estigmatización, y poder con ello disminuir los niveles de vulnerabilidad. En tales términos, impedir al reincidente la posibilidad de acceder a la libertad condicional es una contradicción en sí misma, ya que importa negar que la pena haya surtido su efecto resocializador en la persona del delincuente, impidiéndole reintegrarse a la sociedad, quebrantando por añadidura el principio de "igualdad ante la ley" (art. 16 C.N.), ya que por un mismo hecho asiste tal posibilidad al delincuente primario”.
Y en esto cabe la pregunta del título: Justicia. ¿De qué lado estás?. ¿De la débil y pobre “persona” que ha cometido un delito una y otra vez, o de los fuertes y poderosos ciudadanos que tienen la obligación como parte del Estado disminuir sus niveles de vulnerabilidad? Perdón por la ironía.
En Catamarca se conoció, días pasados, una iniciativa legislativa para someter a castración química a los violadores, tal como insiste en aplicar el gobierno de Mendoza y que despertó un debate, porque se contraponen los derechos de los violadores con los de los ciudadanos que tienen derecho a vivir seguros. La propuesta tiene muchos detractores, pero la provincia cuyana avanza, a partir de los datos del “programa que lleva adelante el Instituto Forense de Granada, que en poco tiempo ha logrado reducir en un 90 % los casos de reincidencia de condenados de delitos sexuales en España”, según informa el diario Los Andes, de aquella provincia.
Por otro lado, desde el gobierno catamarqueño, impulsa una reforma del Código Procesal Penal intenta dar mayor celeridad a la Justicia, para lo cual en los próximos meses, una comisión especialmente conformada al respecto, deberá elevar un proyecto al ministro de Gobierno y Justicia, para luego ser enviado a la Legislatura. “Básicamente, el objetivo es brindarle mayor celeridad, para lo cual se pretenden saltear algunos pasos del proceso, que con la actual legislación demandan meses de espera. Para tal fin, se analiza la posibilidad de brindar más “oralidad” al proceso penal, incluso en la etapa de la investigación preparatoria.
Ello significaría, por ejemplo, que durante la etapa de la instrucción de las causas, algunas de esas instancias podrían realizarse mediante audiencias de acceso público, exceptuando aquellas en las que se ponga en riesgo el honor de las personas involucradas”, informó LA UNION en su edición de ayer.
Seguramente, cuando nuestros legisladores –muchos de ellos abogados- tengan en sus manos estos proyectos le dedicarán todas sus energías al debate, porque la ciudadanía demanda mayor seguridad, o aunque sea, mayor “sensación” de seguridad. Y éstas son las oportunidades en las que se espera que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias y de la realidad, defendiendo los derechos de todos, y no sólo de una porción de esa sociedad. El Poder Legislativo tiene tiempo para decidir de qué lado estarán, del Poder Judicial, ya sabemos.