No nos comparemos con el mundo porque es demasiado, pero aunque sea pongamos la lupa para ver qué hacen nuestros vecinos, para formarnos un concepto mas adecuado sobre la realidad de la actividad minera.
Por lo general, se plantea la dicotomía entre agricultura y minería como si fueran antagónicos, y se certifica que es preferible desarrollar otras actividades como el turismo. Sin embargo, y sin entrar a tallar en lo que es económicamente más conveniente, el hecho es que en muchos lugares del mundo la minería convive con la agricultura, la ganadería y el turismo.
Por caso, Chile tiene cientos de años de minería y es un buen espejo donde mirarse.
Los vinos chilenos están a la par de los italianos, españoles y franceses. Chile demuestra claramente, desde hace décadas, que la minería con las demás actividades pueden “coexistir” y “potenciarse” perfectamente.
En Bolivia, por ejemplo, no “discurren” todo el tiempo si la minería es necesaria o no, sino que se empeñan en fijar las condiciones en las que debe desarrollarse y, en todo caso, asientan sus bases económicas en la actividad minera y gasífera.
Mientras, en México se computan en la actualidad 25.000 concesiones mineras, 262 proyectos en fase de exploración y 76 minas en operación.
¿No es raro que estos países sigan decididamente por esta huella minera, que los ambientalistas extremos imaginan mantener bloqueado?
¿Y ... nuestros vecinos mas cercanos? Aunque pasaron por lo mismo, ya están en otra cosa.
En San Juan, por ejemplo, también quedó en claro que las versiones apocalípticas en torno a la minería eran parte de la mitología ambientalista, y que dicho sea de paso nunca se cumplió.
Hoy la desocupación es del 8 %, además tiene más de 800 PYME de servicios e insumos mineros, y la generación de trabajo en forma directa e indirecta involucra a unas 40.000 personas. ¿Por qué?
Porque San Juan ya salió de la absurda discusión “minería sí, minería no”, y actualmente planifica la construcción de una refinería de oro de aproximadamente un valor de 300 millones de dólares.
La pregunta es: ¿por qué no puede observarse este avance en otras provincias?. La respuesta: porque no falta quienes lo “ahogan” todo el tiempo para que no se desarrolle.
De hecho, durante esta semana se conoció que un grupo de antimineros emplazó a la empresa Agua Rica para que se vaya en 30 días del departamento Andalgalá. ¿En carácter de qué y en nombre de quién?
Según una encuesta, que se llevó a cabo en las últimas semanas, la mayoría de los vecinos de “La Perla del Oeste” manifestó estar “cansada” de este tipo de atropello, que calificó como un exceso, una arbitrariedad. Sin duda, una incubadora del desorden social.
Pensándolo bien, lo mismo hizo el ambientalista Alejandro de la Cueva, “enajenado” por su espíritu patriota el pasado 25 de Mayo, cuando amenazó de muerte al juez Rodolfo Cecenarro y su familia
Pues bien, lo único que se hizo ahora es “generalizar” la intimidación, haciéndola lo bastante explícita como para despertar la preocupación y el interés de la Justicia. La luz de alarma encendida otra vez no es más que el “contenido potencial” que oculta la exigencia ambientalista, y que arbitrariamente pretenden hacer cumplir sin medir ningún tipo de consecuencia. Es el anuncio de “potenciales delitos” ideales que se proclama, descaradamente, materializar al término de 30 días.

¿Delitos de qué tipo?

Por las razones que intentan justificar el “ultimátum”, abren una amplia tipología que abarca desde los más usuales hasta los más complejos.
Delitos “comunes”: en tanto y en cuanto son atentados contra el patrimonio, personas, familias y Estado. “Políticos”, en la medida en que tienen por objeto quebrantar la “estabilidad” y la paz social. (Y si bien dicen que no buscan el beneficio personal, sino cambiar una situación, lo cuestionable es que eligen la vía fáctica de violencia).
“Contra la vida”, porque alientan el homicidio e incluido el fratricidio.
“Contra el honor”, porque no se miden en las injurias y las calumnias que profieren.
“Contra la libertad”, porque contiene una ingenua violación a otros derechos como el trabajo y la circulación.
“Contra el orden público”, por extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito.
Y aunque parezca contradictorio, delitos “ecológicos” porque el mayor daño al medio ambiente es reducir al hombre a la servidumbre y a la mala calidad de vida, condenándolo a ser sólo un animal de carga.
Pero tal vez lo peor sea el delito “contra la fe pública”, promoviendo la decepción y la desesperanza y desparramando el resentimiento por toda la provincia, y que el mismo Pino Solanas ensaya en el país con su inconfundible toque cinematográfico.