Hace ya unos cuantos años se ha iniciado un vigoroso juzgamiento de militares y civiles que participaron en el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” (notable eufemismo por cierto) por delitos de lesa humanidad.
En líneas generales se acusa mayormente a militares pero también a sacerdotes y civiles por una serie de escalofriantes delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios cometidos en aquellos años grises de la última dictadura militar del país.
Las causas en cuestión se activaron o iniciaron gracias a que la Corte de Justicia de la Nación, luego de largos años de letargo, dictó una serie de fallos donde declaraba la inconstitucionalidad de ciertas leyes de amnistía y la imprescriptibilidad de los delitos considerados de lesa humanidad.
Haciendo abstracción del uso demagógico de los derechos humanos por parte del Gobierno nacional, aplaudimos la actividad judicial desplegada con la finalidad de investigar aquellos tristes hechos y sancionar a sus responsables adecuadamente.
La historia de la dictadura militar argentina -y por qué no la de todo gobierno dictatorial- es la historia de los atropellos y la intolerancia. Solemos evocar aquella etapa desde su aspecto más crudo y dramático. Se recuerdan torturas, crímenes y otros actos asombrosamente bestiales, pero esta especificidad facilita que se disperse la atención respecto de la esencia misma y motor fundamental del llamado “mal absoluto” por el filósofo argentino Carlos S. Nino.
Es que detrás de esta macabra obra puesta en escena en la década del setenta subyace una trama de insoportable intolerancia edificada a partir de una visión maniquea de la realidad. Pensar de un modo distinto al estipulado como adecuado por quienes habían tomado por asalto el poder era motivo suficiente para ser señalado como enemigo de la patria y acreedor de la persecución sistemática y cruenta del aparato estatal.
Hoy miramos hacia atrás y recordamos con estupor y sobrecogimiento esta nefasta sangría intestina sin sentido y sin límite alguno.
Enfrentar o juzgar los excesos y las violaciones cometidas durante la dictadura por quienes abusaron de una posición de poder es una exigencia moral para nuestra sociedad. Pero, ¿podemos acudir a sus mismos métodos para juzgarlos?
Se nos dirá que hoy los sometemos a proceso legal, que no usamos la tortura ni las ejecuciones. Responderemos que no nos referimos a la práctica vejatoria sino la mentalidad persecutoria e impiadosa.
Quien comete un delito debe enfrentar las consecuencias. Pues así debe ser, también, para estos otrora poderosos extremistas. Más, una sociedad democrática y respetuosa se construye sobre el valor y el mensaje de sus actos cotidianos. Castigar con metódico salvajismo al que consideramos salvaje no es precisamente un acto que nos dignifique.
No deberíamos ceder ante la tentación de destruir al enemigo. Ciertamente no existen más enemigos que los que nosotros mismos construimos y resulta llamativo y lamentable que siempre sea el otro el que debe ser corregido, las medidas destinadas a corregir o castigar siempre tienen por finalidad atrapar al otro desviado. Jamás quien postula la necesidad de castigar o reprimir pertenece al grupo cuestionado. Mientras sigamos fabricando y persiguiendo enemigos con tenacidad y sin piedad difícilmente logremos eludir este círculo vicioso de reproches y desquites en el que nuestro país tiene la triste costumbre de deambular.
Hoy se reclama prisión efectiva en cárceles comunes para estropeados personajes que no pueden mantenerse en pie, cuando la ley permite que cualquier imputado en esas condiciones sufra su privación de libertad en un ambiente propicio para su salud o su avanzada edad. También nos encontramos con actos como el de Hebe de Bonafini, quien inició una intensa campaña de persecución contra periodistas y magistrados señalados como “colaboracionistas” por prestar ayuda o no reaccionar ante los atropellos de la dictadura.
Estamos convencidos de que éste no es el camino. La intolerancia no se combate con más intolerancia.
Es indispensable recordar que la búsqueda de Justicia debe partir siempre desde un sereno respeto por la libertad y la dignidad del ser humano. Estas exigencias morales impiden que los juzgamientos actuales se lleven a cabo sin considerar las garantías de los imputados. Rechazamos la venganza y el atropello. Abrazamos el afán por la justicia y la paz, aplaudimos el sometimiento a proceso de viejos represores siempre que se concrete bajo aquellos postulados. Tanto para ellos como para el ladrón de gallinas, es decir que toda persona perseguida penalmente debe gozar de las mismas seguridades. Quienes insisten en reducir estas garantías, con cualquier pretexto o vestidura, olvidan que justamente la persecución intolerante fue lo que caracterizó a aquellos que hoy juzgamos.
Cualquier forma de poder puede degenerar en abuso y generalmente así sucede. No se trata de suavizar o ignorar los brutales excesos del gobierno de facto, pero tampoco de dejarnos atrapar por un vehemente revanchismo. Se trata de ser mejores, de rechazar lo que condenamos, no mediante severos castigos o tratos humillantes a marchitos militares sino postulando la tolerancia y el respeto como verdaderos estandartes de una sociedad democrática que pretende vivir en paz y libertad.
No debemos admitir la intolerancia, resulta una cuestión decisiva combatirla con tenacidad tanto como evitar que, en nuestra lucha, nos seduzca silenciosamente.