Un legislador provincial propuso días atrás endurecer las condiciones para acceder a la libertad de los condenados. El Poder Ejecutivo transita de forma cotidiana por idénticos senderos. Son constantes los reclamos sociales por un endurecimiento en las penas. Algunos integrantes de asociaciones de víctimas de delitos incurren en desmedidos atropellos contra todo lo que represente un obstáculo para el escarmiento del victimario. El Gobierno nacional utiliza un discurso demagógico con peligrosos ataques hacia todo funcionario que considera “garantista” por no “aprovechar las ventajas del encarcelamiento de las personas”.El factor común en todos estos datos es la euforia penal que se manifiesta mediante un exacerbado reclamo por castigos más severos. Se presume con cierta inocencia (o imprudencia) que el derecho penal es una herramienta de solución de conflictos y dentro de este infantil esquema, la prisión juega un rol preponderante.Se han elaborado diversas teorías para justificar la privación de la libertad como castigo. Pero en términos generales y legales, la cárcel está destinada a la resocialización del delincuente que se presume “descarriado”. Sin embargo, la institución contiene vicios estructurales que dinamitan sus cimientos y ocasionan el sórdido estallido que nos resistimos a aceptar. La prisión hoy es una construcción que atrapa silenciosamente al enemigo social entre sus muros, lo absorbe con mecánica indiferencia y lo arrastra hacia una inevitable deshumanización. La realidad indica que hoy las cárceles como medio para infligir sufrimiento al reo son altamente eficaces, mientras que como institutos de readaptación, reeducación o resocialización representan el más estrepitoso fracaso de la sociedad moderna.Una alternativa posible sería eliminar los rastros de hipocresía del discurso legal y afirmar que condenamos a las personas para que sufran. Las condenamos para alejarlas de nuestras vidas. Las condenamos para sumirlas en el olvido.Los delitos culposos, es decir aquellos donde el autor no actuó con intención criminal sino que son producto de una imprudencia o negligencia, acaparan de un tiempo a esta parte el centro de la escena judicial. El ejemplo más claro lo representan las muertes por accidentes de tránsito. Antes de ingresar a la cuestión, resulta necesario aclarar que el dolor de los familiares por la pérdida de un ser querido no puede ser racionalizado, no podemos cuestionar las manifestaciones producto de la desesperación y la desolación a la que los enfrenta esta desgarradora situación. Aceptamos toda manifestación producto del dolor. El Estado le expropió la acción penal al hombre para evitar la venganza personal motivada por las desenfrenadas pasiones que desencadena en la víctima todo delito. Pero esta apropiación estatal de ningún modo puede ser entendida como una burocratización del escarmiento. No debe entenderse el proceso penal como una cruzada contra el mal.Sucede que la sanción penal a quien delinque no está destinada a ser una expiación por su inconducta. La idea de la mera retribución o equiparación de dolor (causar dolor al delincuente como respuesta al daño ocasionado en primera instancia) no es de ninguna manera el sentido de la pena. Sin dudas que no podemos válidamente medir el dolor de la víctima en unidades de tiempo para procurar una justa composición. Ahora bien, el Estado cuenta con un catálogo amplio de opciones a la hora de imponer una sanción a una persona que cometió un delito (trabajo comunitario, inhabilitación para conducir o trabajar, reparación económica del daño, multas, etc.). La pena más severa de todas las posibles es sin dudas la privación efectiva de libertad: la cárcel.Privar de su libertad a alguien que no infringió la ley de forma voluntaria resulta -en principio- inaceptable. Por supuesto que existen matices que abarcan el tipo de daño causado, la conducta precedente y posterior al hecho o los antecedentes penales del autor. Pero en líneas generales, debemos reservar la respuesta más severa de nuestro catálogo punitivo para aquellos delitos que hacen suponer cierta conducta intencionalmente peligrosa en la persona.Quienes esperan como resultado del proceso penal una composición, un ajuste de cuentas con el victimario, no comprenden que el Estado no es ni debe ser el ejecutor final de la venganza que ellos anhelan. El poder punitivo no es más que un instrumento de control social, una herramienta que se ha visto desvirtuada y expandida fruto de la demagogia de nuestros políticos. Ciertamente la vida en sociedad implica riesgos. Las relaciones cotidianas conllevan en sí mismas la posibilidad de que seamos víctimas de un delito y esperamos que el Estado nos provea protección y seguridad para evitar estas situaciones.Ahora bien, el sistema penal no debe ser interpretado como el ejecutor de nuestras venganzas sino antes el garante de nuestra seguridad. Pero no hablamos de la seguridad de no ser víctimas de un delito. Nos referimos a la seguridad de que el Estado no avanzará contra cualquier ciudadano al ejercer su rol sancionador.Es así que una sociedad civilizada y democrática se juzga a sí misma no ya por la cantidad de culpables que condena, sino por los casos en los que toma la difícil decisión de no castigar o de hacerlo con suma prudencia atendiendo al respeto irrestricto de los derechos fundamentales del individuo acusado. El reclamo por mano dura se ha vuelto un deporte popular. Cuando quienes lo practican forman parte de los medios de comunicación o de los poderes estatales, no podemos más que lamentarnos por el uso irresponsable de un discurso patibulario que elude con displicente indiferencia la crudeza del lacerante encierro en nuestras cárceles. Es que resulta necesario acudir a alternativas menos estigmatizantes cuando hablamos de delitos culposos (sin intención) y procurar erradicar las brutales desigualdades sociales que condicionan al delincuente cuando nos referimos a delitos dolosos (intencionales).No debemos encallar en un idealismo inocuo, pero tampoco podemos consentir con apatía la sombría y dramática realidad carcelaria. Ciertamente no alegamos la abolición de la prisión, por el contrario, pretendemos un franco debate sobre la humanización de las sanciones y sobre las causas del evidente fracaso del sistema. Albergamos la ilusión de que el encierro no se erija en una venganza metódicamente aplicada por el Estado a pedido de la sociedad enardecida, sino que su aplicación se encuentre supeditada a un prudente y reflexivo análisis que no eluda la absurda realidad penitenciaria.